Es triste que para que se vuelva a denunciar la penosa situación en la que viven millares de saharauis, con los derechos y libertades cercenadas en su propia tierra unos y abandonados a su suerte en el desierto otros, haya hecho falta que corriera la sangre de nuevo. El poco garantista Estado de Marruecos ha vuelto a ejercer la represión más salvaje sobre los que discrepan por su autoridad o por el ejercicio que hacen de ella en el territorio del Sáhara occidental. Ha sido un episodio brutal de una ya demasiado larga historia de amenazas, vejaciones y torturas hacia una población que los gobernantes marroquíes hacen suya, pero a la que niegan su derecho a reivindicar en libertad y confieren un estatus inferior al de los demás ciudadanos del país.
La diplomacia internacional, la que debería guiarse por los preceptos de una Organización de Naciones que dictaminó hace ya más de 30 años que el conflicto sobre la soberanía del Sáhara occidental tiene que resolverse a través de un referéndum que nunca llega, calla y encubre. Maltrata deliberadamente a un pueblo, el saharaui, que lleva demasiado tiempo esperando justicia.
Y en este vergonzoso panorama mundial, el Gobierno español, que según la legalidad internacional sigue siendo el legítimo administrador de aquel territorio que durante un tiempo fue una provincia española más, antepone las relaciones con Marruecos a valores fundamentales como la libertad y la propia vida humana. No me pronunciaré sobre lo legal, pero en cuanto a lo ético y lo moral, la postura es, sencillamente, repugnante.
Lo que hay que tragar en política...
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